Gurtell, la Fiscalía Anticorrupción, los ministros de Justicia, el PSOE y Rubalcaba.

Gurtell, la Fiscalía Anticorrupción, los ministros de Justicia, el PSOE y Rubalcaba.

Todos hemos leído hasta la saciedad, unas veces con sorpresa otras con incredulidad y más de una vez con asombro una inmensa cantidad de artículos en prensa y en los informativos televisivos.

En los últimos días estamos viendo como una serie de imputados judicialmente, condenados y ya ajusticiados por el sistema mediático ante la opinión publica, empiezan a ser exculpados debido a que las acusaciones que contra ellos mantenía la Fiscalía Anticorrupción se basaban en indicios absolutamente arbitrarios y sin fundamento, no solo documental, sino también lógico.

Deducir que el señor Luis Bárcenas o el señor Merino es receptor de una serie de pagos más o menos oscuros por la simple razón de que alguien haya escrito en una hoja de cálculo las iniciales L.B. o J.M. en mi modesta opinión solo puede ser debido a la ingesta abundante de Jumilla de baja calidad. De ahí la incredulidad y el asombro.

Si enlazamos estos casos con otros, también protagonizados por otros miembros del PP, como son los casos de Marta, nuestra deportista, e incluso con el de José Manuel Soria, presidente del PP en la comunidad de Canarias al que también quisieron embarcar, y embarcaron, en otra supuesta trama de corrupción que solo existía en la cabecita del fiscal anticorrupción de turno.

El asunto de Camps, esto ya es rayano con el insulto a la inteligencia, aquí la fiscalía intenta eliminar del sumario una conversación donde Correa, el supuesto cerebro de la trama y en prisión porque, a pesar de haber robado una jugosa y multimillonaria cantidad, no puede pagar los 15 millones de euros que le piden de fianza, declara que "Camps se habrá pagado él los trajes y que él no sabe nada de esto" y que la Agencia Tributaria informa al juez instructor que tanto los asientos contables como los asientos de facturación son de dudosa veracidad, en lenguaje llano y simple, que no tienen ninguna validez legal. Mantener la acusación de cohecho impropio es algo que pasará a la historia de la jurisprudencia como el más claro síntoma de como el sectarismo ideológico puede pudrir cualquier sistema judicial. Admiro a Camps porque está dispuesto a dar la batalla por su inocencia pero a la vez entiendo que lo han hundido personal y políticamente.

De nada valió que ante la sectaria actuación de la fiscalía, que trataba de ocultar las pruebas y los indicios exculpatorio al sumario, se tratara, por parte de los abogados defensores de poner en entredicho la actuación de las fiscales denunciando semejante atropello, de facto, el órgano judicial que representa a las fiscales tuvo que emitir una nota en apoyo a las misma recordando más en la nota los valores que representa la fiscalía que la actuación de las mismas, quizás porque esto era indefendible.

Se podrían recordar otros casos, Álvarez Cascos por ejemplo, resuelto por el mismo el día de su declaración, eso sí, con todos los papeles por delante, o los diferentes responsables de las comunidades de Madrid y Valencia, unos resueltos mejor que otros, pero todos con el mismo denominador común acusaciones concretas con indicios ó pruebas etéreas, y donde para mayor inri la carga de la prueba recae en el acusado no en el acusador que se basa en elucubraciones para acusar y exige documentos reales a la defensa del acusado.

Si hacemos un balance vemos que toda una serie de personajes, cada cual más o menos importante dentro del partido popular, han pasado por la palestra judicial, que los termina exculpando y por la palestra mediática, que los juzga condena y ejecuta política y socialmente.

Es hora ya de denunciar, de una forma bastante más contundente que la exhibida por el señor Trillo, la actuación de la fiscalía y denunciarla ante la opinión pública primero que es quien juzga y condena políticamente y ante los órganos judiciales competentes la actuación claramente politizada y sectaria de los/las diferentes fiscales para apartarlas de la carrera judicial primero y exigirles después las responsabilidades legales, civiles y penales, que correspondan.

Cuando un hecho ocurre una vez es casualidad, error ó mala suerte pero cuando se convierte en dinámica habitual, como es el caso, es evidente que alguien está manejando la situación y propiciando que estos hechos ocurran.

Ante la reiteración de los hechos hablar ya de un plan organizado desde la cúpula del PSOE no es ninguna extravagancia y empezar a sentar en el banquillo a los fiscales anticorrupción corruptos sería solamente el inicio para empezar a desenmarañar la madeja de esta conspiración.

Dicho esto, no podemos olvidar que los máximos responsables de estos fiscales y por lo tanto quienes deben responder políticamente del asunto y judicialmente también en caso de que esta conspiración se probase serian el Fiscal general del estado, los ministros de justicia, Caamaño y Bermejo, cuya dimisión se produjo precisamente por haber sido sorprendido junto al juez instructor de la causa, Garzón, y un alto responsable policial y proveedor de la información a ambos producida por el sistema de espionaje telefónico Sitel, un sistema que estuvo funcionando sin ningún tipo de control judicial y enviando gente a los tribunales y posteriormente a la cárcel por el simple hecho de presentar un policía una grabación telefónica y decir de la misma que era verídica, la Inquisición no habría hecho mejor uso del mismo, seguiría en orden de responsabilidades los ministros de Interior sucesivos, Rubalcaba y Camacho, ahora ministro y anteriormente segundo en Interior, y como último responsable Zapatero.

Seria conveniente, para nuestro sistema democrático, investigar, airear y si hay suficientes pruebas juzgar y condenar a los implicados en esta trama